Se plantea introducir un sistema para que los usuarios de la sanidad pública (cualquier ciudadano residente en España), en activo o jubilados, paguemos además un ticket moderador por acceder a la consulta de atención primaria, urgencias, intervenciones, etc..
El Gobierno estudia detenidamente la medida de aplicación del famoso COPAGO SANITARIO, caja de Pandora que ningún gobierno se ha atrevido a tocar en profundidad hasta el momento, por el potencial coste político que pueda tener. Se trata que el paciente pague parte de las prestaciones para ayudar a financiar el Sistema Nacional de Salud. Se trata de un debate que está sobre la mesa desde hace más de 20 años y que es la espina dorsal de nuestro insaciable y ambicioso estado del bienestar, sin embargo, en el periodo de democracia, no se ha vivido una crisis económica como la actual, por tanto, se abre el debate de la necesidad u obligatoriedad por parte del estado de la aplicación del Copago para que el sistema público de salud nacional tenga continuidad satisfactoria.
El rumor del copago se extiende tanto a los servicios sanitarios como al copago farmacéutico. Sin embargo, el debate del copago, desde una lectura simplista, deja entender como si los ciudadanos no se hicieran cargo del coste de la sanidad pública o del gasto farmacéutico, pero esta interpretación vaga es totalmente falsa, ya que los ciudadanos contribuyentes, con sus impuestos y cotizaciones a la seguridad social, ya están pagando el sistema de salud pública, ahora bien, ¿se están administrando bien sus impuestos?, ¿se está malgastando su aportación nada despreciable a la seguridad social, aportando miles de millones de euros a un sistema de salud público insaciable en fondos y deficitario por definición?, se podría decir, que tanto recursos se aportan al sistema público de salud, el doble se gasta (y hablamos de gasto y no de inversión), si las aportaciones por parte de los ciudadanos, fuesen el doble de las actuales, el problema no estaría resuelto, al contrario, el déficit, seria en doble en términos absolutos.
Varios informes recientes elaborados por entidades tan diferentes como la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (sem FYC), la Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas (ESADE) y la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) han identificado una batería de actuaciones que permitirían ahorrar en su conjunto más de 10.000 millones de euros; es decir un 15% del gasto sanitario total.
La aplicación exacta del copago, consiste en introducir un mecanismo para que los usuarios de la sanidad pública, en su inmensa mayoría trabajadores y trabajadoras, en activo o jubilados, paguemos además un ticket moderador por acceder a la consulta de atención primaria, al especialista, a las urgencias, pagar las comidas mientras estemos ingresados, un canon por las ambulancias y, sobre todo, que se elimine la gratuidad de los medicamentos para pensionistas, haciéndoles pagar un 10% de su precio.
Las medidas y el impacto del COPAGO en el estado de bienestar, presidido por un sistema de público de salud garantista, puede tener consecuencias de difícil cuantificación, a continuación detallaremos algunas de ellas:
- Retraso en el diagnóstico de enfermedades, por el abandono de consultas preventivas.
- Agravamiento de las patologías crónicas cuyo control periódico se abandona.
- Incremento en la hospitalización y en el uso de urgencias, con el consiguiente incremento del gasto sanitario.
- Abandono del uso de medicamentos, incluidos los esenciales.
- Degradación de las prestaciones “básicas” incluidas en la póliza pública, que se convertiría en beneficencia para pobres.
- Deterioro de la salud de los sectores de la población con menos recursos.
El la sostenibilidad del sistema de salud pública está en entredicho y las medidas a aplicar en el futuro nos llevan a pensar en un sistema de salud público aún más lento, aún más curativo que preventivo, ineficaz y probablemente esto lleve a una disminución de la calidad del sistema y/o a una desatención parcial de sus clientes que pagan religiosamente con sus impuestos para tener la cobertura sanitaria adecuada.
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